Crisis política de Nueva España en 1808-1810
Crisis política de 1808
La noticia del Motín de Aranjuez (18 y 19 de marzo) llegó a la Ciudad de México el 8 de junio de 1808. El virrey José de Iturrigaray, elegido por intervención del primer ministro Manuel Godoy, se mostró consternado por los sucesos y por el apoyo de los españoles peninsulares residentes en Nueva España al partido fernandista. No obstante, ordenó los preparativos para realizar la jura y proclamación de Fernando VII como soberano de España e Indias. El 23 de junio los novohispanos tuvieron conocimiento del levantamiento del 2 de mayo en la metrópoli y, vía la Gaceta de Madrid, el 14 de julio estuvieron al tanto de las abdicaciones de Bayona y el nombramiento de Joachim Murat como lugarteniente general del reino. El virrey se reunió con los miembros de la Real Audiencia y acordaron guardar secreto de sus preocupaciones y cabildeos, en cambio dieron a conocer la abdicación de Fernando VII a través de La Gaceta de México el 16 de julio.
La situación en la metrópoli supuso una situación inédita que puso a discusión en quién radicaba la soberanía de los territorios bajo el dominio español. El estado de excepción originado por la abdicación de Fernando VII y la ocupación francesa dividió en dos partidos a la élite de Nueva España. Para algunos —en su mayoría españoles peninsulares cuyo portavoz era la Real Audiencia de México— el poder en Nueva España seguía radicando en el rey Fernando VII, aunque momentáneamente se encontrara ausente. De aquí que la estructura social y política del virreinato debía seguir inmutable y subordinada a la Corona española. Algunas de las figuras más representativas de esta postura fueron el inquisidor Bernardo de Prado y Obejero y Ciriaco González Carvajal. Para los otros —en su mayoría criollos representados por el Ayuntamiento de México— la situación era más compleja porque para ellos la naturaleza del vínculo entre España y Nuevas España estaba encarnada en el rey, pero en su ausencia eran los pueblos a través de sus autoridades quienes debían ejercerla. En medio de la crisis política, los simpatizantes de esta última postura encontraron una oportunidad para reformar el régimen virreinal. Son representantes de este grupo el síndico Francisco Primo de Verdad y Ramos, el auditor de guerra José Antonio de Cristo y el regidor Francisco Azcárate y Lezama. Todos ellos fueron apoyados por el fraile mercedario Melchor de Talamantes.
El 19 de julio de 1808 los miembros del Ayuntamiento propusieron al virrey Iturrigaray la creación de una Junta de Gobierno que ejercería la soberanía en Nueva España. De acuerdo con la propuesta, la junta sería autónoma respecto a aquellas que estaban formándose en España y estaría en vigencia mientras no se restituyera en el trono a Fernando VII o uno de sus herederos de la Casa de Borbón. El Ayuntamiento planteó la posibilidad de nombrar gobernador y capitán general a Iturrigaray, como medida para defender la integridad del territorio ante una eventual invasión de los franceses.El virrey acogió con beneplácito la propuesta, pues creía amenazada su posición tras la caída de su benefactor, sin embargo la Real Audiencia ratificó su postura con la excepción del oidor dominicano Jacobo de Villaurrutia —único miembro criollo de la Audiencia—, quien secundó inicialmente las propuestas e incluso propuso un congreso menos numeroso, representado por corporaciones civiles, eclesiásticas y militares. De esta forma, para el Acuerdo, se invitó a participar a los ayuntamientos de Xalapa, Puebla, y Querétaro, debatiendo de esta forma la manera en que debía proceder la colonia. El 28 de julio llegaron nuevas noticias de España: se conoció el levantamiento general de los habitantes de la península y de los establecimientos de juntas de gobierno en nombre de Fernando VII.
El virrey José de Iturrigaray convocó a una junta para el 9 de agosto, a la que asistieron los representantes civiles, militares y eclesiásticos, hasta sumar ochenta y dos participantes. El fin de la junta fue debatir la situación. A excepción de Villaurrutia, los miembros de la la Audiencia asistieron bajo protesta pues consideraban que había que seguir las indicaciones de la Junta de Sevilla. Por lo tanto, calificaron de innecesaria la reunión convocada por el virrey. El Ayuntamiento de México recibió el apoyo de los ayuntamientos de Xalapa y Veracruz, de hacendados de esas regiones, así como de algunos gobernadores de las parcialidades de indios. Primo de Verdad y Azcárate propusieron que, en ausencia del monarca, la soberanía de la colonia debería quedar en manos del pueblo. el cual estaría representado por los diversos ayuntamientos, así como con los diputados de cabildos seculares y eclesiásticos. De esta forma la soberanía estaría delegada en un congreso.
El Ayuntamiento de México apelaba a las Leyes de Partida para justificar la existencia de una junta que ejerciera la soberanía en ausencia del rey. Con algunas excepciones, como Primo de Verdad o Talamantes, los integrantes del Ayuntamiento y sus simpatizantes eran más bien conservadores. Al apoyar el establecimiento de la junta no pensaban en la representación popular, sino en la instalación de un gobierno formado por autoridades reconocidas y representantes de los cabildos municipales. La opción del Ayuntamiento no contemplaba la separación de España, sin embargo, el bando opuesto entendió lo contrario. Para ellos, el establecimiento de la Junta de México era una amenaza contra la permanencia del sistema colonial del que eran beneficiarios. El reconocimiento de la Junta soberana implicaba la renuncia a la hegemonía económica y política de los españoles peninsulares durante tres siglos. Los peninsulares fundaron sus ideas en las Leyes de Indias aduciendo que era el virrey quien debía conservar la autoridad y sus acciones deberían ser consultadas con el Acuerdo.
La tesis de la soberanía de los pueblos anatematizada por el inquisidor Prado y Obejero con el apoyo del oidor Guillermo Aguirre. La discusión entre los bandos fue acalorada y no logró conciliar posturas. Iturrigaray ironizó sobre la posibilidad de reconocer al duque de Berg, con la negativa unánime de los presentes. Al apoyar la postura del Ayuntamiento, el virrey se distanció de los partidarios de la Audiencia. Como conclusión de la reunión del 9 de agosto se acordó que las autoridades establecidas en Nueva España seguirían vigentes, en tanto que el virreinato no reconocería otras que no fueran las instituidas por Fernando VII o por "quienes tuviesen sus poderes legitimos".
El 13 de agosto de 1808 se realizó la jura a Fernando VII en un acto público. Para atraerse la simpatía de los habitantes, Iturrigaray envió cartas a las juntas de Sevilla, Valencia y Zaragoza para informar sobre las resoluciones acordadas en México. Los dictámenes de la junta del 9 de agosto fueron rechazados por los intendentes Juan Antonio Riaño (Guanajuato) y Manuel de Flon (Puebla), así como por la Audiencia de Guadalajara. Estos declararon nulas las decisiones tomadas en México y se declararon adherentes a las juntas de España. Asimismo, el Ayuntamiento de Querétaro —conformado en su mayoría por europeos— decidió retractarse del apoyo inicial ofrecido. El día 27 de agosto, la Inquisición de México publicó un edicto, declarando "heréticas y sediciosas" las proposiciones que atacaban a la autoridad divina de los reyes y que proponían la "herejía de la soberanía del pueblo".
El 31 de agosto se celebró una nueva reunión. Los miembros de la Audiencia aprovecharon para secundar a los comisionados de la Junta de Sevilla que habían llegado a la capital novohispana. De esta manera manifestaron su rechazo a la resolución del 9 de agosto y tacharon de inepto a Iturrigaray. Respaldado por una carta de la Junta de Asturias, el virrey convocó una nueva reunión para el 1° de septiembre, donde expuso que ninguna de las juntas formadas en España reconocía la soberanía de las otras. Después de una votación, la Junta de México volvió a desconocer a la de Sevilla. Iturrigaray notificó por carta a las juntas españolas la postura de los novohispanos, y procedió a solicitar a los ayuntamientos del virreinato el envío de representantes a la capital. Para apoyar a la metrópoli, el virrey ordenó embarcar catorce y medio millones de pesos del Tesoro, y cien mil pesos adicionales para ayudar a la Junta de Sevilla.
El 9 de septiembre se celebró una última junta general que sólo sirvió para irritar los ánimos y aumentar el antagonismo entre criollos y europeos. Durante los días siguientes corrieron la Nueva España unos rumores difamatarios hacia la persona del virrey. Los peninsulares, respaldados por los comisionados de la Junta de Sevilla, decidieron deponer al virrey.
Encabezados por Gabriel de Yermo, los enemigos de Iturrigaray se sublevaron el 15 de septimbre de 1808. El palacio virreinal fue asaltado por un contingente de trescientos hombres y al mismo tiempo fueron aprehendidos Primo de Verdad, Cristo, Azcárate y el fraile Talamantes. El virrey y su familia fueron conducidos a Cádiz para enfrentar un proceso judicial. Villaurrutia fue excluido en su calidad de oidor. Pedro de Garibay fue nombrado virrey sustituto de Nueva España, cargo que ocupó hasta mayo de 1809 siguiendo siempre la línea dictada por la Audiencia de México. El 4 de octubre de 1808, Primo de Verdad murió de forma extraña en la cárcel del Arzobispado. El 9 de mayo de 1809, Talamantes murió de fiebre amarilla en la cárcel de San Juan de Ulúa. Después de una breve tiempo en prisión, Antonio de Cristo fue destituido de la Auditoría de Guerra. Azcárate fue encarcelado en el convento de Betlemitas, lugar en donde permaneció preso hasta diciembre de 1811.
La Real Audiencia de México informó a la Junta de Sevilla acerca de los acontecimientos, argumentando que el "pueblo enardecido" había sido el responsable del derrocamiento del virrey. El nuevo gobierno virreinal envió cartas a la Suprema Junta de Sevilla reconociendo su soberanía. A diferencia de lo que sucedió en otros virreinatos, el golpe de Estado en Nueva España impidió que se estableciera una junta local.
La cuestión de la soberanía durante 1809
Véanse también: Junta Suprema Central y Conspiración de Valladolid.
José Bonaparte fue designado monarca de España por su hermano, y en julio de 1808 llamó a los virreinatos de América y a las capitanías generales de Cuba y Guatemala a enviar seis representantes para trabajar en el Estatuto de Bayona. Los americanos declinaron la invitación. Luego de ser derrotados en Bailén los franceses se retiraron temporalmente de Madrid. Su ausencia permitió que las múltiples juntas soberanas en la península acordaran formar la Junta Suprema Central el 25 de septiembre en Aranjuez. Por cuestiones de seguridad, la Junta se trasladó luego a Sevilla, Cádiz y a la isla de León. El apoyo económico brindado por Nueva España fue empleado para reorganizar al ejército español en su lucha contra el Imperio napoleónico.
La Junta Suprema Central emitió un decreto el 22 de enero de 1809 por el que reconoció a los dominios americanos como parte integrante de la monarquía con derecho a representación en el órgano. Para ello se pidió elegir un representante de cada virreinato y capitanía general La elección se realizó por sorteo e involucraba a los ayuntamientos y al Real Acuerdo. En contraste, cada provincia de la península tenía derecho a un diputado, de modo que hubo treinta y seis o más vocales por España y sólo nueve para toda América.[ Los americanos protestaron por la representación desproporcionada. Los criollos novohispanos con ideas autonomistas perdieron la esperanza de obtener resultados favorables para su causa en la metrópoli.
En enero de 1809 apareció en varias ciudades importantes del virreinato una proclama que pedía la instalación de un gobierno autónomo en Nueva España que defendiera a Fernando VII y la religión. El autor del documento fue Julián de Castillejos, participante de las tertulias literarias con el marqués de San Juan de Rayas. Cuando se les interrogó, negaron toda responsabilidad. Los oficiales reales los dejaron ir, pero los mantuvieron bajo estrecha vigilancia.
Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII, envió una carta a los novohispanos en marzo de 1809. En ella proponía a su hijo Pedro I de Brasil como regente de Nueva España. El virrey Garibay y los oidores de la Audiencia pensaron que se trataba de una argucia de Napoleón, y evadieron la solicitud. En una comunicación posterior, Carlota de Borbón sólo exhortaba a la defensa de los dominios españoles y agradecía las acciones realizadas en septiembre de 1808 en la capital virreinal. En los días sucesivos, Garibay ordenó aprehender a cualquier sospechoso de sedición. Entre ellos se encontraron el fraile Sugasti, el platero José Luis Rodríguez Alconedo —supuesto labrador de la corona de Iturrigaray— el escribano Peimbert, Antonio Calleja y el cura Palacios. El 19 de julio de 1809 Francisco Javier de Lizana y Beaumont asumió el cargo de virrey por nombramiento de la Junta de Sevilla, que sustituyó al anciano Pedro de Garibay.
La decisión de reconocer a la Junta de Sevilla no satisfizo a todos los novohispanos. En Valladolid (actualmente Morelia) la elección del representante de Michoacán profundizó las divisiones entre criollos y peninsulares. A partir de septiembre de 1809 los criollos —con José Mariano Michelena y José María García Obeso a la cabeza— comenzaron a organizarse de manera clandestina para nombrar una junta soberana. Los conjurados, además de haber obtenido seguidores en otras ciudades de El Bajío, buscaron apoyo de indígenas y castas, a los que prometieron la abolición de tributos. El levantamiento armado debía iniciar el 21 de diciembre de 1809, pero el sacerdote de la catedral de Morelia, Francisco de la Concha, notificó los planes a las autoridades. En consecuencia fueron aprehendidos casi cuarenta sospechosos.
Carlos María de Bustamante se desempeñó como defensor de los presos, y argumentó que "el día que se ahorque el primer insurgente, España tendría que perder la esperanza de conservar América". El virrey Lizana y Beaumont, interesado en conciliar a americanos y europeos, optó por otorgarles la libertad pero los peninsulares, que nunca habían simpatizado con el nombramiento del virrey, reprocharon esta decisión, incrementando aún más su animadversión. Mientras tanto, en España los franceses seguían avanzando en su campaña por la península.
Convocatoria a las Cortes de Cádiz
La Junta Suprema Central decidió disolverse el 29 de enero de 1810 para formar el Consejo de Regencia de España e Indias con cinco de sus miembros. El propósito de este nuevo órgano era convocar a las Cortes de Cádiz. Sólo un americano formó parte de la Regencia, el tlaxcalteca Miguel de Lardizábal y Uribe; el resto de los integrantes de la Junta fue relevado de sus obligaciones, incluyendo los representantes americanos que ni siquiera habían llegado de ultramar. Al conocerse esta noticia en la Ciudad de México, se juró obediencia y fidelidad al órgano al que se reconoció la misma autoridad que a Fernando VII. El 14 de febrero de 1810 los representantes americanos fueron invitados a participar en la redacción de una nueva constitución, que prometía cambios para criollos y mestizos.
Mientras se celebraban elecciones para diputados en América, fueron nombrados treinta diputados suplentes radicados en la península para representar a las provincias ultramarinas, de los cuales siete eran novohispanos.[70] Tras las elecciones, recibieron nombramiento como diputados a las cortes diecisiete representantes por Nueva España.[71] En tanto, después de conocer sobre el asedio de Cádiz y el avance de los franceses en España, se establecieron en América nuevas juntas autónomas, en abril se formó la Junta de Caracas; en mayo, la de Buenos Aires; en julio, la de Bogotá; y en septiembre, la de Chile.
Por esos días, la Audiencia de México solicitó a la Regencia la destitución del virrey Lizana. El ejercicio del gobierno novohispano recayó en la Audiencia desde mayo de 1810 hasta la llegada de Francisco Xavier Venegas, nuevo virrey. En consonancia con los sucesos en otras partes de América, una nueva conspiración estaba en marcha en Nueva España. Aunque en todo el reino se efectuaban las elecciones de los diputados que habrían de asistir a las Cortes de Cádiz, los criollos novohispanos estaban resentidos por el derrocamiento de Iturrigaray que habían planeado los españoles peninsulares o gachupines.
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